• CINCO DÍAS

    Pág 10: «Las renovables pedirán a Industria un marco regulatorio a largo plazo».

    Pág 19: Opinión del profesor (UPF) Benito Arruñada: «La SEC de Goldman Sachs».

    Pág 24: «La prima de riesgo de la deuda española, en máximos desde la existencia del euro».

    Pág 37: online Purchase «Trabajo advierte que el mes no acabará sin reforma labora». «El Ministerio de Trabajo asume que la reforma laboral no puede pasar de este mes y se prepara ya para llevar al Consejo de Ministros un decreto ley `urgente´ con las medidas oportunas, cuenten o no con el consenso de sindicatos y patronal».

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    EXPANSIÓN

    Pág 8: «El sector exige un plan estatal de infraestructuras de comunicaciones».

    Pág 16: Cheap «Los pequeños auditores alzan la voz contra las reformas de Bruselas».

    Pág 28: «Europa exige que las CCAA no discriminen en Sucesiones».

    Pág 50: Opinión de Pedro Schwartz: «El aquelarre de los sindicatos».

    Buy Pág 51: Opinión de economista Juan Urrutia: «¿Tesoro único? No, gracias».


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  • Noticias maquetadas 06.05.2010

    JOSÉ MANUEL VIDAL / Madrid

    «Ha subido el paro y hay más gente en las parroquias»

    Los obispos dicen que marcar la casilla de la Iglesia «es lo mejor contra la crisis» Purchase

    Conscientes de que la Iglesia jerárquica tiene mala imagen en España, los obispos acuden a su labor social a la hora de pedir a los ciudadanos que marquen su casilla en la declaración de la renta. Una labor social que se hace más palpable todavía en época de crisis. «Marcar la casilla de la Iglesia es la mejor manera de luchar contra la crisis económica», aseguran.

    De hecho, tanto en los spots de la campaña como en las explicaciones de sus máximos responsables da la sensación de que la Iglesia católica es más una organización dedicada a la caridad y a la solidaridad que a ofrecer a sus fieles los sacramentos y demás servicios espirituales.

    Antonio Algora, el obispo responsable del sostenimiento de la institución, reitera una y otra vez que «la Iglesia es especialmente solidaria con los que más sufren la crisis en estos momentos». Y la campaña publicitaria resalta la «labor impagable» que la institución eclesiástica realiza en favor de la sociedad. Como si de una simple ONG se tratase.

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    Una ONG a la que se le ha multiplicado el trabajo con la crisis. Por eso, «es urgente que haya mucha más gente que se incorpore a la asignación tributaria», dice Algora. Sólo así se permitirá a la Iglesia seguir atendiendo a los «más necesitados», entre ellos los inmigrantes y los parados. Porque «el paro ha subido y tenemos más gente en las parroquias».

    El pasado ejercicio, el importe total asignado a la Iglesia en la declaración de la renta subió un 5%, para alcanzar un volumen total de 253,4 millones de euros, según las cifras avanzadas por el gerente del Episcopado, Fernando Giménez Barriocanal.

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    Pero los obispos no las tienen todas consigo, porque «la crisis es la que es». Y monseñor Algora teme que «como consecuencia de un menor poder adquisitivo de los españoles, bajen también las aportaciones por esta vía».

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    El obispo responsable de la campaña se negó a contestar, en cambio, si también temía que los escándalos de la pederastia pudiesen afectar a la casilla de la Iglesia en el próximo ejercicio. Y eso que se le preguntó en no menos de cuatro ocasiones. En todas, el prelado contestó a las preguntas con salidas que no venían a cuento. Como el que le preguntan qué hora es y contesta que llueve.

    A pesar de la crisis y de los escándalos de los abusos sexuales del clero (Legionarios de Cristo incluidos), los obispos se muestran optimistas. «El sistema se va extendiendo cada vez más. Estamos contentos y agradecidos a los nueve millones que marcan nuestra casilla, porque eso quiere decir que sintonizan con una Iglesia cercana a sus barrios y a sus pueblos, con sus 23.000 parroquias y sus casi 20.000 curas», explica Algora.

    Buenas perspectivas avaladas por el hecho de que la x no la marcan sólo los católicos. «Hay mucha gente que no es de misa de los domingos y que también agradece la labor de la Iglesia y reconoce que su inmensa labor social merece ayuda», advierte Barriocanal.

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  • Noticias maquetadas 06.05.2010

    El periodismo y el derecho

    Francesc de Carreras

    En los últimos años he planteado a distintas instituciones académicas la necesidad de que los periodistas tuvieran nociones de derecho, ya que las enseñanzas que se imparten sobre esta materia en las facultades de Ciencias de la Comunicación son muy limitadas y escasas. En tiempos pasados, antes de la exigencia de títulos específicos, los periodistas solían haber estudiado filosofía y letras o derecho. En los periódicos había pues redactores que tenían ciertos conocimientos sobre las distintas ramas jurídicas, estaban cuando menos capacitados para leer e interpretar leyes y sentencias, así como recordaban de sus estudios universitarios los principios jurídicos elementales.

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    Hoy esto no es así. En dichas facultades se enseña básicamente a comunicar, a comunicar lo que sea. Por tanto, se enseñan técnicas, no contenidos: no se aprende historia, ni filosofía, ni literatura, ni economía, ni relaciones internacionales, ni derecho, materias sobre las cuales tratan cotidianamente los medios. No entraré en si ello es bueno o malo, aunque me parece desproporcionado que se empleen cuatro años en aprender las reglas de la comunicación, algo relativamente sencillo y más práctico que teórico.

    En todo caso, el resultado final es que los periodistas no saben derecho, y ello se refleja día a día, tanto en la redacción de las noticias como en los artículos de opinión. Las equivocaciones son constantes y la confusión que introducen es notoria. Ello es grave en tanto que, afortunadamente, estamos en un Estado de derecho, no nos gobiernan los hombres sino las leyes democráticas y la acción política debe discurrir por los cauces que el derecho señala. Sin conocimientos jurídicos es imposible opinar con fundamentos sólidos y se contribuye, en muchos casos, al desprestigio de las instituciones democráticas.

    Repasando la prensa de los últimos días encuentro múltiples ejemplos. El caso del juez Garzón es paradigmático. Se sigue insistiendo en que la querella interpuesta en su contra es por investigar los crímenes del franquismo, cuando la realidad es que se le acusa – indebidamente, amimodo de ver, como razoné en un artículo reciente-del delito de prevaricación, es decir, de dictar a sabiendas, en el ejercicio de sus funciones, una resolución no ajustada a derecho. Naturalmente, partiendo de la equivocada afirmación primera, se concluye que está prohibido investigar tales crímenes cuando la realidad, obviamente, no es esta: historiadores especializados han publicado valiosos trabajos sobre la materia y otros muchos siguen investigando, naturalmente sin límite alguno.

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    También alguien tuvo la ocurrencia de sostener que las supuestas posiciones del juez constitucional Manuel Aragón eran debidas a su condición de azañista, es decir, de partidario de don Manuel Azaña. La realidad es, sin embargo, que Aragón dedicó su tesis doctoral de hace casi cuarenta años al pensamiento del líder republicano y que en aquellos tiempos publicó algún breve trabajo sobre él. Afirmar que Aragón es azañista resulta tan superficial e incoherente como mantener que Jordi Solé Tura es partidario de Prat de la Riba o que Isidre Molas lo es de la Lliga Catalana, ya que estos fueron el objeto de sus respectivas tesis doctorales. Si se hubiera tenido la precaución de comprobar su condición de partidario de Azaña, podría haberse consultado la reedición muy reciente de estos viejos artículos en su libro Estudios de Derecho Constitucional por cierto, un político al que se le atribuye la aprobación del Estatut de Catalunya de 1932-,encima se mezcla a Azaña con el Ortega de La España invertebrada y se despacha el asunto: que la verdad no estropee un buen adjetivo.

    Podríamos seguir. Por ejemplo, con la división, inventada por los periodistas, de los jueces constitucionales en progresistas y conservadores, que por lo visto ahora les falla estrepitosamente y encima se quejan. Por ejemplo, al haber dado pábulo en los últimos años a supuestas filtraciones sobre el fallo de la sentencia que ahora se revelan, también supuestamente, como falsas. Por ejemplo, al reiterar, con la inapreciable colaboración de los más altos cargos de la Generalitat, que una sentencia que declare nulo algún precepto rompe el «pacto constitucional» de 1978.

    Entonces, ¿el Estatut de 1979, modificado por el actual, ya rompía este supuesto pacto y sólo el actualmente vigente lo respeta? ¿O bien el pacto consistía en aquella imprudente frase de Zapatero de que todo lo que aprobara el Parlament de Catalunya sería respaldado por las Cortes? El conjunto, y podríamos seguir, es un cúmulo de despropósitos que no respetan las mínimas reglas del rigor intelectual y la coherencia lógica por desprecio o ignorancia, o ambas cosas a la vez, de los principios de un Estado de derecho. Sin embargo, cuando sugiero que debería darse una mínima formación jurídica a los periodistas, todos mis interlocutores responden que se trata de un asunto muy interesante, aunque nadie da un paso para ponerlo en práctica.

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    F. DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

  • Noticias maquetadas 06.05.2010

    La inconsciencia de Zapatero nos lleva al desastre

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    LA REUNIÓN entre Zapatero y Rajoy no sólo no sirvió para acercar posturas sino que además puso en evidencia las insalvables diferencias que separan a ambos líderes en la lucha contra la crisis. Las pocas esperanzas que restaban de un gran pacto entre PSOE y PP se esfumaron totalmente. Ello relativiza la importancia del acuerdo al que llegaron en materia de reforma del sistema financiero, por el que se comprometen a completar el mapa de fusiones de las cajas antes del 30 de junio -algo ya impuesto por la UE- y a pactar la reforma de la legislación vigente en tres meses.

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    La propia redacción del acuerdo es muy cauta. Se habla de «agilizar» el proceso de fusiones y «promover conjuntamente» esos cambios legislativos, pero mientras Rajoy hizo referencia al papel protagonista que debe jugar el Banco de España, Zapatero dejó la iniciativa en manos de las comunidades autónomas.

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    La música de lo que dijeron sobre apertura al capital privado a través de las llamadas «cuotas participativas» suena bien, pero ahora hace falta ponerle la letra. Pero si en este asunto Zapatero y Rajoy se esforzaron en transmitir al menos una voluntad de consenso, sucedió lo contrario en los demás aspectos de la crisis: ambos se expresaron en términos totalmente opuestos tanto sobre el diagnóstico como sobre las medidas que conviene adoptar. Rajoy insistió en que «el tiempo se ha acabado», «la situación es crítica» y el paro, «dramático», por lo que urge «rectificar y hacer los deberes». El líder del PP afirmó que «España no es Grecia pero hay que rectificar la política económica» porque, de lo contrario, podemos llegar a una situación similar si no hay un cambio de rumbo.

    Zapatero aprovechó su comparecencia para marcar las distancias con el PP. En primer lugar, aseguró que «hay motivos para la confianza» porque España está empezando a salir de la crisis, según muestran indicadores como el crecimiento en el primer trimestre, la reducción del paro en abril y el aumento de la producción industrial.

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    Respondiendo a la petición de Rajoy de un recorte drástico y urgente del gasto público, el presidente afirmó que «una disminución radical podría comprometer la recuperación». Luego contrapuso la reforma laboral «desconocida y por decreto» que propugna el PP con la suya «pactada» con UGT y CCOO.

    Sus palabras dejaron muy claro que Zapatero cree que se puede salir de esta crisis a corto plazo, sin ningún ajuste doloroso, manteniendo un elevado déficit presupuestario y evitando cualquier enfrentamiento con los sindicatos. Una actitud inconsciente, temeraria e irresponsable, ya que los datos no avalan -contra lo que él sostiene- que la recuperación esté cercana.

    Los mercados volvieron a reaccionar negativamente a su inmovilismo: el Ibex 35 cayó un 2,3% (ya acumula un descenso desde enero de casi el 20%) y el diferencial de la deuda española con el bono alemán alcanzó su máximo histórico.

    Por mucho que el Gobierno se quiera refugiar en la tranquilizadora idea de que se trata de ataques de los especuladores, la realidad es que el elevadísimo endeudamiento público y privado y el insoportable déficit presupuestario -estamos gastando el doble de lo que se recauda- nos abocan al riesgo de llegar a una situación tan dramática como la griega.

    Ojalá nos equivoquemos y Zapatero tenga razón, pero si no es así y la situación de España empeora y se desliza hacia un colapso financiero, esperemos que el presidente tenga al menos el patriotismo de convocar elecciones anticipadas.

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