• Noticias maquetadas 03.05.2010

    LA ENTREVISTA DE ESTHER ESTEBAN

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    «No hay una crisis institucional, deberíamos procurar no caer en alarmismos»

    GABRIELA BRAVO

    Pregunta.- ¿Usted cree, como la presidenta del Tribunal Constitucional, que estamos ante una crisis institucional muy preocupante?

    Buy Respuesta.- Desde luego no estamos en un momento de tranquilidad para poder trabajar con la debida reflexión y serenidad, que sería lo deseable. Hay ruido, demasiado ruido, pero de ahí a plantear que hay una crisis institucional hay un largo trecho. Deberíamos procurar no caer en alarmismos, porque somos capaces de abstraernos del ruido.

    P.- Muchos piensan que el retraso escandaloso en el fallo del Estatut se puede llevar al TC por delante.

    R.- Estamos hablando de una resolución judicial muy compleja. Además del gran número de artículos cuestionados, hay que tener en cuenta las dificultades para conformar la mayoría necesaria para dictar la resolución. Desde luego, el TC sobrevivirá al Estatut; la institución está muy por encima de una sentencia concreta.

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    P.- Tal vez, pero en Cataluña tanto Montilla como Mas dicen que el Constitucional no está legitimado para tumbar un Estatut aprobado por el Parlamento y pide que se declare incompetente…

    R.- Con el respeto que me merecen las opiniones de cualquier ciudadano, el Constitucional es plenamente competente para declarar si el Estatut es o no constitucional.

    P.- ¿Cree, como muchos, que debería ser renovado y empezar desde cero?

    R.- La responsabilidad de renovar al TC corresponde al Senado. Es ahí donde se tiene que asumir esa responsabilidad y resolver la esperada renovación.

    P.- También la solvencia y el prestigio del Tribunal Supremo se está poniendo en solfa por haberse atrevido a enjuiciar a Garzón. ¿No le parecen gravísimos los ataques?

    R.- Siempre respetaremos la libertad de expresión de los ciudadanos que critiquen la actuación de los tribunales. Es patente y constatado que los magistrados son personas de una altísima cualificación que dictan sus resoluciones siempre aplicando la ley y que cualquier otro interés al margen queda fuera de las puertas del Supremo, en el caso Garzón y en todos. Dicho esto, algunos ataques que está recibiendo sí me parecen gravísimos.

    P.- ¿Llamar torturadores a los magistrados, como hizo Jiménez Villarejo, es un ejercicio del libertad de expresión o sobrepasa los límites y es un ataque frontal al Estado de Derecho?

    R.- Sobrepasa en exceso los límites. Me parece absolutamente intolerable llamar torturadores a los magistrados del Supremo. No están justificadas de ninguna manera descalificaciones tan graves para las instituciones y para la persona que está ejerciendo esa función jurisdiccional. Son absolutamente injustas, inapropiadas y además dañan profundamente el Estado de derecho.

    P.- Vamos, que no es cierto, como dicen algunos, que el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no ha recorrido el camino de la transición y que atufa a pasado…

    R.- Los jueces en nuestro país han dado pruebas evidentes de su acatamiento a la Constitución. Tenemos un Poder Judicial constitucional cuya legitimidad viene dada por la Carta Magna. A lo largo de estos 30 años ha quedado constatado que es la pieza angular de nuestro Estado de Derecho y queda fuera de lugar plantear dudas al respecto.

    P.- ¿Garzón es intocable? Porque se le acusa de delitos gravísimos como cohecho o prevaricación y los poderosos le defienden.

    R.- Garzón, al que ampara la presunción de inocencia, es un ciudadano más y como el resto está sometido a la ley. El hecho de que haya tres procedimientos en el Supremo evidencia que ningún juez es intocable.

    P.- Y si no es intocable, ¿por qué el CGPJ no le ha apartado cautelarmente de sus funciones? ¿O es que ustedes también le tienen miedo?

    R.- El CGPJ no tiene miedo ni a Garzón ni a ningún otro ciudadano, en absoluto. No era aún el momento procesal oportuno para entrar en el fondo del asunto y decidir sobre la suspensión. El auto de transformación de procedimiento abreviado no ha sido aún notificado al CGPJ y tampoco se ha dictado aún el auto de apertura del juicio oral. En cuanto las resoluciones judiciales sean notificadas al Consejo, se entrará a valorar el fondo.

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    P.- Pues muchos creen que la tabla de medir con Garzón ha sido distinta que, por ejemplo, con el juez Calamita, al que se apartó inmediatamente de sus funciones.

    R.- La tabla de medir será la misma con Garzón que con Calamita o cualquier otro juez, pero las circunstancias no han sido las mismas. Por ejemplo, en el caso de Calamita el Ministerio Fiscal se adhirió a la querella e informó favorablemente a la suspensión. En el caso de Garzón, el fiscal no ha sido querellante, hasta el momento no ha formulado acusación y tampoco ha hecho el informe favorable a la suspensión, por lo que el Consejo ha estimado que hay que esperar al auto de apertura del juicio oral.

    P.- A Garzón no se le está juzgando por investigar los crímenes del franquismo, sino por saltarse la ley en su investigación y de ahí la presunta prevaricación, ¿no?

    R.- Efectivamente. El Supremo no es el azote de nadie por el hecho de haber intentado investigar los crímenes del franquismo, y eso los ciudadanos deben tenerlo claro.

    P.- Tal como está el patio, ¿cree que el Supremo será capaz de aislarse del ruido mediático y social y juzgar a Garzón con imparcialidad?

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    R.- Estoy segura que la alta cualificación profesional de los magistrados del Supremo va a facilitar que, por supuesto, se aíslen del ruido mediático y actúen aplicando la Ley. Lo deseable, no obstante, es que los jueces de este país trabajaran tranquilos.

    P.- Pues ustedes mismos sacaron una nota pidiendo la no injerencia de los políticos, después de que el presidente del Gobierno tildara a Garzón de juez valiente. ¿Se sintieron presionados?

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    R.- El Consejo no se siente presionado ni por el presidente del Gobierno, ni por el líder de la oposición ni por nadie. La declaración institucional del Consejo no iba dirigida a nadie en concreto, pero sí quería denunciar el ambiente de crispación y de crítica sistemática por parte de quienes tienen responsabilidades políticas.

    P.- ¿Es partidaria de cambiar el sistema de elección del CGPJ y que sean de nuevo las asociaciones las que designen a sus representantes para evitar el tufillo de la politización?

    R.- Soy respetuosa con cualquier decisión que pueda tomar el legislador. Dicho esto, creo que tal y como está configurado hoy el sistema de elección, el Consejo ha sido elegido por los representantes del pueblo en el Parlamento.

    P.- ¿Qué le ha parecido la renovación del Código Penal que endurece las penas en casos de corrupción, terrorismo o pederastia?

    R.- Es un paso importante en la lucha y persecución de esos delitos y estoy segura de que contribuirá a reforzar la seguridad ciudadana.

    P.- ¿Sería partidaria de endurecer la Ley del Menor?

    R.- Mi opinión particular es contraria al endurecimiento. No se va a conseguir un efecto disuasorio y creo que funciona mejor la reeducación y en la reinserción del niño en la sociedad.

    P.- ¿Y de regular por ley el uso del velo en España?

    R.- Es un tema muy complejo donde entran en colisión determinados derechos fundamentales. Por ello, debería ser regulado a través de una ley orgánica, sobre todo si se establecen prohibiciones. No debemos residenciar el problema en una menor y menos aún victimizarla.

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