• Noticias maquetadas 30.04.2010

    La cuestión catalana

    El Parlament de Catalunya proclama la incompetencia del Constitucional

    La Cámara declara que el Estatut ha alcanzado la «máxima legitimación posible»

    IÑAKI ELLAKURÍA – Barcelona

    El malestar catalán por los peligros que se ciernen sobre el Estatut tomó ayer cuerpo y forma solemne en el Parlament de Catalunya. La Cámara que representa la voluntad política de los catalanes tomó una decisión sin precedentes. Por una amplia mayoría superior al 87% aprobó una resolución que proclama la incompetencia del Tribunal Constitucional español (TC). Apoyaron la resolución los grupos que forman la mayoría gubernamental, PSC, ERC e ICV-EUiA y la primera fuerza parlamentaria, Convergència i Unió.

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    Los partidos catalanistas olvidaron así el intento de ERC de romper el martes la unidad catalana y enviaron un contundente mensaje con varios destinatarios: el propio Tribunal, el Gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista y el Partido Popular, que lidera Mariano Rajoy, obviamente el Parlamento español e incluso el jefe del Estado, mencionado por el diputado Jaume Bosch.

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    El texto aprobado ayer anuncia que «el Parlament promoverá todas las acciones a su alcance fin de conseguir que el Tribunal Constitucional se declare incompetente». Para ello, la resolución de la Cámara catalana insta a los grupos parlamentarios catalanes del Senado que impulsen la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. El Parlament sostiene que «el Estatut d´Autonomia de Catalunya ha alcanzado la máxima legitimación posible precisamente por haber sido refrendado por la ciudadanía a la que ha de servir e insta a todas las instituciones del Estado a respetarlo, cumplirlo, hacerlo cumplir y desarrollarlo en lo que corresponda a sus previsiones». Se desprende pues de la afirmación del Parlament que cualquier modificación de la ley refrendada sería en detrimento de la legitimidad máxima alcanzada.

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    La resolución parlamentaria no ahorra críticas al funcionamiento del Tribunal Constitucional, que, incapaz de dictar sentencia en los últimos tres años y con cuatro de sus doce miembros ejerciendo un mandato caducado, ha «evidenciado su incapacidad práctica para abordar una decisión tan trascendente».

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    Al final, y pese al desmarque de ERC, hubo foto de unidad. Un frente común que Montilla quiere comandar desde Palau. Ya ha empezado a mover fichas: ha convocado el lunes una reunión con los 16 senadores de la Entesa Ca-

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    talana de Progrés – PSC, ERC e ICV-EUiA. Un encuentro que se espera que sirva para dibujar la hoja de ruta catalana en Madrid y definir el texto que presentarán junto a CiU en la Cámara Alta. El President comparecerá personalmente en el Senado para exponer los argumentos catalanes. Con este fin llamó al presidente de la cámara, el socialista Javier Rojo, a quien comunicó sus sus planes. Hablará en el Senado y también con Rajoy, con quien ayer acordó reunirse en el 6 de mayo en Barcelona.

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    En el debate parlamentario, Miquel Iceta (PSC) defendió la constitucionalidad del Estatut y reclamó que, 30 años después de que se aprobara la Carta Magna con un amplio consenso político y social, Catalunya «no se vea expulsada» ahora de ese pacto. El socialista cerró su discurso con una petición al PP: «Retiren el recurso del Estatut, demuestren así su amor a España y a Catalunya». Jaume Bosch (ICV) hizo un llamamiento al Rey y al presidente del Gobierno a que escuchen la alerta lanzada por el Parlament y sea consciente de que una sentencia restrictiva del TC «rompería el pacto constitucional». En ERC su semidesmarque de la posición catalanista unitaria provocó división en sus filas. El vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, expresó su desacuerdo con la actitud de su partido desmarcándose del desmarque de una manera sutil, negándose a opinar «por prudencia».

    La portavoz popular, Dolors Montserrat, sostuvo que por culpa de los socialistas Catalunya «abre hoy un conflicto constitucional» y desafió a que los socialistas lleven la resolución al Congreso para ver «qué es lo que vota la ministra de Defensa, Carme Chacón». Albert Rivera, líder de Ciutadans, aceptó que el Parlament inste la renovación del Alto Tribunal, pero rechazó de plano la consideración de incompetencia del TC.

    Y mientras todo esto pasaba en el hemiciclo del parque de la Ciutadella, el magistrado del Constitucional Manuel Aragón, en el centro de la polémica por haberse alineado con el sector conservador, reconoció ayer en Santander que no debe ni puede hacer declaraciones públicas sobre el Estatut. Admitió, además, que su situación de protagonista mediático es «una pena y un calvario» y se mostró sorprendido por la relación establecida entre su posición sobre el Estatut y sus estudios sobre la figura de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, que defendió la autonomía catalana desde posiciones castellanistas.

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