• Noticias maquetadas 28.04.2010

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    La ley de Acogida consagra que el catalán es la lengua de acogida e integración

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    JOSEP PLAYÀ MASET – Barcelona

    Diez años después del inicio del boom migratorio, Catalunya será la primera comunidad del Estado español que dispondrá de una ley de acogida. Pese a no tener competencias básicas para regular la inmigración, Catalunya desarrolla una ley que facilitará unos «certificados oficiales del servicio de primera acogida» con eficacia jurídica en los ámbitos competenciales de la Generalitat y los entes locales.

    No será el carnet por puntos que existe en Canadá, ni tan siquiera se exigirá un nivel de conocimiento elevado de la lengua del país como sucede en Francia, Alemania o Suecia. Pero con la nueva ley que hoy está previsto que apruebe el Parlament de Catalunya, la Generalitat pondrá a disposición de los inmigrantes recién llegados, y de quienes lo hicieron en el pasado, unos cursos básicos de conocimiento de la lengua catalana (135 horas), así como otros más cortos sobre conocimientos del mercado laboral y de la sociedad catalana y su marco jurídico. Hasta ahora, algunos ayuntamientos realizaban cursos de catalán, generalmente de 25 a 45 horas, pero ahora se van a generalizar y ampliar en todos los ayuntamientos importantes. Esos certificados facilitarán la obtención del informe que acredita el arraigo social, emitido por los ayuntamientos, así como la adquisición de la nacionalidad, ya que de acuerdo con la nueva ley de Extranjería, podrá ser utilizado como prueba de integración por el juez. Este certificado también facilitará la renovación de la autorización de residencia temporal y será de utilidad para la búsqueda de empleo. Aun así, en ninguno de esos casos se trata de informes preceptivos.

    Los objetivos de la nueva ley son facilitar la integración de las personas inmigradas, la extensión de este servicio de primera acogida a todo el territorio, el fomento del desarrollo personal y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social. La consellera Carme Capdevila considera que estos cursos contribuirán a «la formación del personal inmigrante y eso contribuirá a la salida de la crisis». Sobre este punto, se apoya en el estudio del profesor Guillem López Casanovas publicado en la revista Paradigmes (2009), donde se valora el impacto económico que suponen las políticas de integración y se señala que quienes conocen la lengua y la sociedad de acogida ganan en autonomía personal, mejoran sus rentas y son menos dependientes de la asistencia pública.

    Otro detalle de capital importancia para los redactores del proyecto es «hacer del catalán la lengua común de acogida en todo el territorio». Es, además, el primer texto jurídico que define el catalán como lengua común de acogida e integración. Como señala Oriol Amorós, secretario de Immigració, «hace unos años se soñaba en una sociedad monolingüe, ahora sabemos que Catalunya será una sociedad multilingüe con el catalán como lengua común».

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    Uno de los temas que ha provocado la oposición del PP a la ley (todo indica que contará con el voto favorable del tripartito y CiU) es precisamente la prioridad concedida al catalán. La ley dice que la formación del inmigrante le permitirá alcanzar las competencias lingüísticas básicas en lengua catalana definidas por el Marco Europeo Común y sólo una vez alcanzadas se podrá seguir la formación en lengua castellana.

    La única condición para acogerse a estos servicios es estar empadronado. Eso significa que personas en situación irregular (es decir, sin permiso de residencia o trabajo), incluso con una orden de expulsión pendiente, tienen acceso a estos servicios de acogida, como sucede con los servicios sanitarios y educativos.

    El calendario de implementación prevé un despliegue progresivo, entre el 2011 y el 2016, tal como remarca la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, para evitar que se levanten expectativas excesivas como sucedió con la ley de la Dependencia. La Generalitat prevé llegar a todos los municipios de más de 20.000 habitantes y calcula que un 40% de los inmigrantes recién llegados se apunten a esos cursos, mientras que es más difícil prever el interés del millón de inmigrantes que ya están aquí instalados. En cualquier caso, la aplicación de la ley supondrá una inversión global de 306 millones de euros en seis años (se empieza en el 2001 con 22 millones), lo que incluye la futura Agencia de Migraciones de Catalunya – que se pondrá en marcha en un plazo de nueve meses-,los nuevos servicios y la continuidad de los que ya se ofrecen. Se prevé que la red de servicios de acogida llegue a un mínimo de 101 entes locales.

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