• Noticias maquetadas 26.04.2010

    Jueces del pasado

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    Ferran Requejo

    De los mimbres de una transición política dirigida por los herederos del franquismo salió una Constitución que supuso una ruptura con la dictadura, pero también una mala resolución institucional del poder judicial y del siempre irresuelto tema del pluralismo nacional del Estado. El tan alabado, por algunos sectores, «consenso» de la transición se realizó desde la iniciativa de los posfranquistas en el poder, una oposición débil y, sobre todo, en un contexto de amenazas militares por parte de los sectores más reaccionarios. Y ello se nota en la actualidad. El consenso muchas veces se obtuvo a fuerza de inconcreción y ambigüedad semántica que ha acabado favoreciendo a los sectores más jacobinos de derecha e izquierda en el desarrollo constitucional de los últimos 30 años. El poder judicial ha sido uno de los principales precios pagados por los demócratas en el paso de la dictadura a la democracia. Ahí está el bochornoso espectáculo que está dando el Tribunal Supremo con el caso Garzón.

    Que un juez pueda ser condenado e inhabilitado a instancias de una organización fascista por sus actuaciones sobre los crímenes del franquismo resulta una situación esperpéntica en términos liberal-democráticos. El juez ha seguido los criterios de la legalidad internacional en sus diligencias sobre los crímenes de la dictadura. Incriminarle por «prevaricación» a partir de una ley de amnistía (que es preconstitucional, de nuevo la transición) viene a ser como si un juez alemán fuera juzgado por investigar los crímenes del nazismo. Resulta lógico que la valoración de la justicia española en el mundo internacional sea peor que la de estados tercermundistas. Una situación de democracia puesta del revés, con olor a franquismo en el Supremo.

    A diferencia del legislativo y del ejecutivo, el poder judicial, además, no ha seguido las premisas del estado autonómico. Sigue todavía los patrones afrancesados de un Estado unitario y centralizado. A ello se suma la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), dos instituciones establecidas por la Constitución actual. Ambas regulaciones ejemplifican lo que una democracia liberal debe evitar: la politización de la justicia. Una politización monopolizada, a su vez, por los dos partidos nacionalistas españoles, PSOE y PP, lo cual tiene repercusiones para el conjunto del sistema político. El CGPJ se ha convertido en un problema más que en la solución que se pretendía para el «gobierno de los jueces». Con la actual regulación sería mejor abolirlo. Por otra parte, la Constitución propicia que el TC haya llegado a lo que es en la actualidad: una institución deslegitimada, dividida, desprestigiada y caducada, a años luz de los principales tribunales de la política comparada.

    Primer problema: su composición. Una de las tareas principales del TC es dirimir conflictos entre el poder central y las autonomías. Pero resulta que estas últimas no pintan nada en el nombramiento de ninguno de sus doce magistrados. A todos ellos los nombran instituciones del poder central (Gobierno, Parlamento y estructura judicial centralizada; la regulación del Senado es simplemente ridícula, otro fiasco constitucional). Así, el árbitro lo nombra sólo uno de los equipos. Hoy ya no parece haber en el TC «conservadores» frente a «progresistas», sino distintas intensidades entre nacionalistas españoles jacobinos y recentralizadores (salvo algún caso aislado a contra corriente).

    Segundo problema: el equipo que nombra al TC tiene un nombre: de nuevo, PSOE-PP. Los demás están fuera de las reglas de juego. Todo un ejemplo de pluralismo. En contraste con lo ocurrido en los primeros tiempos del TC, ello ha acabado por incentivar que se nombre a magistrados más dóciles a la voluntad de esos dos partidos que a juristas independientes de solvencia contrastada y altura de miras. PSOE y PP incumplen la Constitución al no renovar a los magistrados en los plazos legales. Los magistrados «caducados» deberían dimitir por mera dignidad institucional y personal.

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    Tercer problema: los procedimientos. Que este tribunal, aunque no estuviera caducado ni deslegitimado, pueda decidir sobre leyes aprobadas en referéndum por los ciudadanos es un auténtico despropósito procedimental. Supone simplemente incentivar el choque de legitimidades. Otro ejemplo de lo que un sistema democrático debe evitar. El TC está mal regulado constitucionalmente.

    Algunos juristas aún creen que la realidad es aquello que dicen las leyes que es. Pero las cosas son lo que son, con independencia de las normas, normalmente efímeras, vigentes en un momento concreto. Las leyes franquistas decían lo que decían.

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    Y ya ven. La fracasada quinta propuesta de sentencia sobre el Estatut suponía una laminación importante del autogobierno. La siguiente se prevé aún peor. Pero para muchos catalanes el tema ya no es ese. Diga lo que diga este TC, no tendrá credibilidad alguna.

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    Parece que hay actores políticos que no comprenden muy bien lo que está pasando. Para buena parte de los ciudadanos de Catalunya todo el proceso se ha convertido ya en un profundo desapego a este Estado. Si las instituciones españolas no reconocen la nación catalana y laminan su escaso autogobierno, no tiene nada de extraño que buena parte de los catalanes se sientan ajenos a España y a su Constitución. En Catalunya, el independentismo aparece como una vía cada vez más racional y más razonable para un mayor número de ciudadanos. Se echan en falta políticos y juristas de altura en las principales instituciones del Estado. La democracia española está enferma. Y la inestabilidad futura, servida.

    F. REQUEJO, cat. de Ciencia Política UPF, coautor de ´Federalisme i plurinacionalitat. Teoria i anàlisi de casos´

  • Noticias maquetadas 26.04.2010

    No es ´rauxa´

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    Francesc-Marc Álvaro

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    Tercera oleada ayer de las consultas soberanistas en Catalunya cuando ya tenemos algo más que la certeza de un recorte del Estatut que, de hecho, nos podría poner por debajo de las competencias del primer texto autonómico votado en 1979. Ante este cuadro, tiene razón ERC cuando destaca que centrar todo el debate en la renovación del Tribunal Constitucional es quedarse a las afueras del problema. A estas alturas, hablamos de otra cosa, mucho más allá de la avería de un organismo cuyo desprestigio nadie niega. El asunto es el choque de legitimidades: lo aprobado por el pueblo catalán en un referéndum desarrollado según las leyes del Estado será cercenado por unos magistrados, entre los cuales hay – por cierto-un indígena.

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    El PSOE y el PP confían en que la respuesta de Catalunya ante esta operación histórica sea de alcance muy limitado. El catalán se queja y toda la fuerza se le va por la boca, piensan. Harán una manifestación, una gran declaración y, tras cuatro días de polvareda, volverán a la calma, añaden. En Madrid, nos tienen, al parecer, tomada la medida. Además, Zapatero está convencido de que la factura la pagará Rajoy, que fue quien puso el recurso contra el Estatut. En la Moncloa, saben que la propaganda contra los populares es el mejor mecanismo para borrar de la memoria del votante catalán las mentiras del presidente. La rauxa (lo contrario del seny)es como un aguacero de verano y luego aparece el comerciante que todo catalán lleva dentro, meditan a seiscientos kilómetros de Barcelona. Acudo a Jaume Vicens Vives, buscando claridad: «L´arrauxament és la base psicològica de les accions subversives catalanes, la justificació històrica del tot o res, la negació de l´ideal de compromís i pacte dictat pel seny col · lectiu. Les rauxes, però, són transitòries». Vicens Vives fue clarividente pero falleció en 1960. Han pasado 50 años. Los catalanes ya no somos exactamente como él nos describió en su gran obra, Notícia de Catalunya.

    El engaño de Zapatero y la actitud contraria al Estatut de Rajoy no producirán una respuesta identificable con lo que Vicens Vives llamaba rauxa.Si miramos hacia atrás, la peor rauxa se dio en octubre de 1934, en un contexto que nada tiene que ver con el de hoy. Seny y rauxa son dicotomías obsoletas. La respuesta tendrá mucho que ver con un nuevo fenómeno, muy distinto, aparecido tras más de treinta años de democracia: la creciente desconexión mental de una parte de la sociedad catalana respecto de España. Esta desconexión nace más de consideraciones racionales (verbigracia los argumentos económicos) que del catalanismo sentimental. Por ello puede tener más recorrido. El cambio generacional y el cambio cultural (sobre todo, la disolución de los miedos que planearon sobre la transición) dan alas a la desconexión. Que esta acabe en un proyecto político mayoritario es algo que, visto el papel del TC, depende mucho de aquellos que dicen defender la unidad de España con más ahínco.

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  • Noticias maquetadas 26.04.2010

    Visita del número dos de la Santa Sede

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    La Catalunya política, con el Vaticano

    MARÍA-PAZ LÓPEZ – Barcelona

    En Roma, el Papa emplea el catalán: «Que el nou beat Josep Tous i Soler us beneeixi i us protegeixi»

    La elevación a los altares de un piadoso capuchino del siglo XIX se reveló ayer capaz de generar importantes sinergias político-religiosas. El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, presidió la beatificación del sacerdote igualadino Josep Tous i Soler, celebrada en la basílica de Santa Maria del Mar ante más de dos mil fieles y nutrida representación política catalana.

    Hubo solemnidad vaticana en la ceremonia, y los parlamentos y las presencias dijeron mucho de la actitud de los políticos de Catalunya ante la Santa Sede, y también de cómo el escándalo de los casos de pederastia cometida por sacerdotes impregna, aun sin ser citado, cualquier acontecimiento eclesial. Los principales nombres de la política catalana acudieron puntuales al acto, justamente ahora que la Iglesia católica atraviesa graves dificultades.

    El propio Bertone aludió a ellas al indicar a Tous como ejemplo para sacerdotes, religiosos y fieles católicos de «fidelidad a Cristo, nuestro Buen Pastor, en el momento presente, en el que tampoco faltan dificultades». Y el arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, emplazó a Bertone a trasladar al Papa «sentimientos de comunión, afecto y adhesión incondicional», recalcando que «siempre, pero especialmente en estos momentos, estamos a su lado y le acompañamos con la constante oración».

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    Le escuchaban atentos desde las primeras filas: José Montilla, presidente de la Generalitat; Jorge Fernández Díaz, vicepresidente del Congreso; Jordi Hereu, alcalde de Barcelona; Joan Rangel, delegado del Gobierno en Catalunya; Josep Lluís Carod-Rovira, vicepresidente de la Generalitat; y Jordi Pujol y Joan Rigol, ex presidentes de la Generalitat y del Parlament. También estaban, entre otros, Artur Mas, presidente de CiU; Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de CiU, y Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán.

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    El cardenal Bertone, cuyo cargo equivale al de primer ministro, incluyó en su homilía, pronunciada en castellano, dos pasajes en catalán, lengua que volvió a usar por la tarde en el concierto inaugural del nuevo órgano del monasterio de Montserrat. «Ha venido el primer ministro de un Estado, porque hay que recordar que el Vaticano es dos cosas, y es importante que haya venido a Catalunya – declaró el president Montilla a la salida del templo barcelonés-.Es bueno para la Iglesia catalana, significa un reconocimiento, y en ese sentido también es bueno para el país». España celebra o ha celebrado este año beatificaciones en varias diócesis, y que el secretario de Estado decidiera presidir la de Barcelona sugiere buenos humores vaticanos respecto a Catalunya. Lo usual es que presida las beatificaciones el prefecto de las Causas de los Santos, Angelo Amato.

    A mediodía en Roma, Benedicto XVI también empleó el catalán ante los peregrinos de la plaza de San Pedro al referirse al nuevo beato tras el Regina Coeli (la oración que sustituye al ángelus durante el tiempo pascual). Dijo: «Que el nou Beat Josep Tous i Soler us beneeixi i us protegeixi.

    Feliç diumenge». Josep Tous i Soler (1811-1871) fundó la congregación de las hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor para la instrucción de las niñas sin recursos, en una época histórica en que su acceso a la educación estaba muy limitado.

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    La de ayer en Santa Maria del Mar es la primera beatificación que se celebra en Barcelona ciudad desde el siglo XII, y se debe a la decisión de Joseph Ratzingerde volver a la praxis de que las beatificaciones (culto local) sean en la diócesis del beatificado, y no en Roma, que queda para canonizaciones (culto universal).

    Concelebraron ayer con Bertone cinco cardenales: Antonio Cañizares (prefecto de la Congregación del Culto Divino), Ricard M. Carles (arzobispo emérito de Barcelona), Carlos Amigo (emérito de Sevilla), Renzo Fratini (nuncio) y el citado Sistach. Estaban también el abad de Montserrat, Josep M. Soler; los arzobispos Jaume Pujol (Tarragona) y Joan Enric Vives (Urgell); todos los obispos de Catalunya y varios del resto de España, entre ellos Juan A. Martínez Camino, secretario de la Conferencia Episcopal.

  • Noticias maquetadas 26.04.2010

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    SANTIAGO GONZÁLEZ

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    Antifranquismos tardíos

    El franquismo contra el que se manifestaron el sábado miles de personas en 21 capitales era un centenar de tipos que cantaron brazo en alto el Cara al Sol en Madrid. Los falangistas a los que el PP jalea y da oxígeno, según Pepe Blanco. Como era de esperar, las manifestaciones se han resuelto en bronca entre el PSOE y el PP. Normal. Al fin y al cabo, para eso habían sido convocadas. Sí fue sorprendente que muchos asistentes a lo de Madrid confesaran a la prensa amiga que era la primera manifestación de su vida: «Jamás habían protestado por nada, explicaban ayer ancianos de 80 años».

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    Veamos. Un anciano de 80 años tenía 45 en el momento de morir Franco, un hombre pleno, vaya. ¿Es posible que no hubiera asistido a una sola manifestación ni antes ni después de aquel 20-N? Para explicar esta rareza se enuncia con impudor extremo que la Transición no fue tal, que seguimos viviendo en el franquismo, que lo relacionado con la dictadura era un tabú, el miedo no permitía saber y que a Garzón lo persiguen por investigar el franquismo.

    Nada de esto es cierto. Juan Pablo Fusi estimaba en 2005 que en los 30 años transcurridos desde la muerte de Franco se habían publicado en España 19.000 libros sobre la Guerra y la dictadura. Otro dato sobre el resarcimiento de las víctimas. El Gobierno de Zapatero hizo público un informe en 2006, según el cual, el monto total de las indemnizaciones a las víctimas del franquismo era hasta la fecha de 16.000 millones de euros, más de 2,6 billones de las antiguas pesetas.

    Es verdad que contra Franco nos manifestábamos peor, como ha parafraseado con fortuna mi amigo Luigi, pero desde que murió fue el no parar, incluso para los antifranquistas más prudentes. Nos manifestábamos contra los crímenes de la extrema derecha, contra los sucesos de Vitoria, por la amnistía, contra las centrales nucleares, por la Autonomía, contra los crímenes de ETA, contra el golpe del 23-F y así sucesivamente.

    El que no la ha corrido de joven, la corre de mayor, se dice, pero tal vez sea que estamos ante un antifranquismo alternativo y sosegado, que supo contener sus impaciencias mientras vivía el objeto de su fobia. Almodóvar, maestro de ceremonias, se había «impuesto como norma no citar a Franco» en sus primeros filmes (1980). Le parecía que «la mayor de las venganzas era negar su existencia».

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    Puede decirse que la mayor parte de los españoles fue de la escuela de Almodóvar. Castigaron al dictador con su indiferencia, dedicándose a sus cosas: no vamos a hacerle caso, que se joda. Junto a él, Almudena Grandes, que hace tres años aceptaba lo sustancial de la tragedia, aunque soñaba con invertir los papeles: «Fusilaría cada mañana dos o tres voces que me sacan de quicio» (Sevilla, 26 de marzo de 2007). Si la manifestación hubiera sido contra Franco habría sido inocua. En realidad, era contra lo único que habíamos sabido resolver con cierta decencia los españoles: el pacto de la Transición y la amnistía. Nos han durado 35 años. No está mal, pero a los pueblos como el nuestro les coge la pulsión suicida aproximadamente cada 20 años y ya llevamos quince de regalo.

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