• Noticias maquetadas 23.04.2010

    EL REVÉS DE LA TRAMA

    JUSTINO SINOVA

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    El precio de una frivolidad

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    Vivimos en la incertidumbre causada por una frivolidad. El desgaste que sufre el Tribunal Constitucional a costa del Estatut tiene su origen en la imprudencia de Rodríguez Zapatero cuando prometió que aceptaría cualquier texto que aprobara el Parlament. Entonces, noviembre de 2003, las encuestas no le vaticinaban la Presidencia del Gobierno, lo que ilustra acerca de la irresponsabilidad de prometer sin voluntad de compromiso. Como después del 11-M se volvieron drásticamente las tornas, el líder socialista se encontró entrampado en la fatalidad de una torpe deuda bajo la vigilancia de sus socios del Partido Socialista de Cataluña, convertido por mor de la ambición política en vanguardia del nacionalismo disyuntivo. Y así afloraron las presiones al Constitucional para que cerrara los ojos ante el Estatut; o sea, para que prevaricara.

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    La estrategia armada por el Gobierno ha fracasado, pues el Tribunal ha votado ya contra el Estatut, al que ha calificado como inconstitucional por seis votos a cuatro, y ahora sólo falta saber «en cuántos artículos es inconstitucional», como precisaba agudamente ayer en estas páginas Jorge de Esteban. Pero, aun así, no cesa la barahúnda política, que ahora acorrala al propio Zapatero, objeto de coacción por sus socios catalanes a las órdenes de José Montilla. El último empellón es la exigencia de renovación del Tribunal, postrera esperanza para inmovilizarlo. La réplica de Zapatero ha sido razonable (el Constitucional no ha perdido legitimidad porque los partidos no se hayan puesto de acuerdo en la sustitución de los magistrados cesantes) y, en todo caso, queda en pie la negativa del Partido Popular a picar el anzuelo cuando su concurso es imprescindible para alcanzar en el Parlamento la mayoría requerida para la operación. Pero la batalla continúa. Es evidente que Montilla, cuando pide el cambio de magistrados, no quiere el prestigio del Tribunal sino su claudicación. Si persiguiera la normalidad legal, insistiría en la emisión de la sentencia, o sea, en el cumplimiento del trámite constitucional previsto: que el Tribunal actúe para velar por la adecuación de las leyes a la norma superior. Lo que pretende, en cambio, es que el Tribunal se olvide del Estatut y, si no, marearlo con remociones internas para que su dictamen se demore sin término. Lo que, por el contrario, necesita España, Cataluña incluida, es que este penoso episodio nacido en aquella frivolidad concluya de una vez sin más destrozos.

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    España necesita conocer cuántos artículos del Estatut son inconstitucionales (al menos 15, según el último dictamen de la magistrada Elisa Pérez Vera, pero serán posiblemente bastantes más) y cuántas normas aprobadas después por el Parlamento catalán resultan afectadas y en parte o totalmente derogadas. España necesita ver defendida la legalidad democrática, puesta en riesgo por el egoísmo partidista. Zapatero y Montilla serán víctimas si este desbarajuste se corrige, pero eso no es importante pues los cargos políticos son accidentales. Lo esencial es el orden constitucional. Sería trágico que el fundamento de nuestra convivencia quedara mutilado para que se salvaran unos políticos. Aquella frivolidad habría desembocado en una formidable pérdida.

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