• Noticias maquetadas 20.04.2010

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    Kepa Aulestia

    El fracaso del Tribunal Constitucional en su quinto intento de pronunciarse sobre el Estatut ha dado lugar a una nueva prórroga, que lo es tanto para los propios magistrados de dicho órgano como para los partidos e instituciones, y no sólo de Catalunya. Pero tras la mezcla de hartazgo y alivio que siguió a la noticia, la sensación de que todo es posible vuelve a invadir el escenario público. La decisión de encargar una sexta ponencia al vicepresidente del Constitucional, Guillermo Jiménez, debería representar la última oportunidad que dicho órgano se da a sí mismo en la incomprensible dilación de sus deliberaciones sobre el texto autonómico. Pero quién sabe. Si la incapacidad mostrada para dar su veredicto sobre el Estatut ha permitido al president Montilla urgir a Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy para que procedan de inmediato a la renovación pendiente del TC, esa misma incapacidad se ha convertido en un argumento útil para que socialistas y populares muestren su coincidente renuencia a tal renovación, alegando que quienes llevan tres años y medio estudiando los recursos contra el Estatut deben concluir su tarea. Una paradoja más, fruto del juego de conveniencias que la política establece en relación con un órgano jurisdiccional cuya composición decide.

    El fracaso de los cinco intentos anteriores de redactar una sentencia no augura un éxito fácil para la sexta ponencia. Pero si de algo han debido de servir tantos borradores y horas de discusión es para que cada magistrado haya perfilado su postura y todos conozcan al detalle el parecer de los demás. A primera vista esto permitiría al vicepresidente Jiménez optar por una propuesta que recoja aquellas valoraciones jurídicas que reflejen una posición mayoritaria en el seno del Constitucional. Aunque es probable que tal cosa no resulte tan sencilla en tanto que la frustración del anterior intento induzca cambios de actitud en los magistrados a la hora de considerar coherente o no cualquier solución de síntesis que se les plantee. Todo sigue siendo posible, menos la forzada sacralización de un órgano constitucional que vuelva a mostrarse incapaz de resolver la cuestión. Si fracasa también en la sexta ocasión, o esta no acaba de materializarse durante meses, deberían ser los propios integrantes del Constitucional quienes urgieran la renovación de aquellos magistrados que ya debían ser sustituidos. Porque en tales circunstancias la defensa a ultranza de la actual composición del Tribunal Constitucional no contribuiría a su legitimación social, sino a todo lo contrario.

    Resulta difícil explicar hasta qué punto el Alto Tribunal puede enmendar más o menos severamente el texto autonómico refrendado por los catalanes cuando, con razón, está siendo criticado abiertamente por hacer dejación de su función constitucional.

    Si volviera a encallarse en esta sexta ponencia, supondría una inhibición de facto respecto a la tarea que tiene encomendada cuando menos en el caso del Estatut. De forma que – y aquí se daría otra paradoja-la concurrencia de magistrados proclives a limitar moderadamente las atribuciones que el Estatut confiere a las instituciones de la Generalitat con otros que se mostrarían más expeditivos en una sentencia acabaría dando la razón a la más que discutible lógica empleada por Montilla, cuando sugirió que si el TC no es capaz de dictar la inconstitucionalidad de unos u otros apartados del Estatut, este debe tomarse como plenamente constitucional. Es más, tal inhibición de facto podría desembocar en una situación ciertamente contradictoria y proclive al enconamiento de las relaciones entre las instituciones de la Generalitat y los órganos centrales del Estado. Porque por una parte daría vía libre al desarrollo interno del autogobierno mientras el Gobierno central de turno trataría de actuar de dique de contención en defensa de las potestades del Estado, y por la otra se multiplicarían los concursos públicos de ideas para ir más allá del texto del Estatut en un clima de cuestionamiento soberanista de su naturaleza constitucional.

    Si la sexta ponencia sobre el Estatut no se abre paso en el Constitucional en dos o tres meses, es de suponer que se pospondrá para después de las elecciones al Parlamento autonómico. En ese caso veremos cómo la discusión sobre la renovación del TC aflora en relación con el juego de intereses políticos de cara a las próximas elecciones generales. Porque cuando Rajoy advierte que renovar hoy el TC sería tanto como liquidar su futuro está señalando también que preferiría afrontar tan ineludible cuestión después de los comicios previstos para el 2012, que espera ganar. Una actitud que cuenta desde el principio con la aquiescencia del Gobierno socialista, que de lo que trata es de ganar tiempo.

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