• Noticias maquetadas 19.04.2010

    A FONDO

    CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

    Purchase Buy Conjura antidemocrática

    Los que defienden a Garzón han fabricado una coartada tan pueril como falsa. A saber: la caverna judicial instalada en el Supremo, alentada por el PP, quiere apartar de la carrera judicial a este magistrado por haberse atrevido a investigar la corrupción de Gürtel y las atrocidades del franquismo.

    Probablemente, el ataque más duro al poder judicial fue el protagonizado precisamente por un hombre que ha ocupado un puesto destacado en la Fiscalía, Carlos Jiménez Villarejo, que llegó a acusar al Alto Tribunal de colaborar con las torturas del régimen de Franco. Algunos de sus magistrados, dijo, formaron parte del TOP (Tribunal de Orden Público): un tribunal especial creado para juzgar los delitos políticos.

    Este argumento sencillamente no se sostiene. El magistrado más antiguo del Supremo es Carlos Granados, que ingresó en la carrera judicial en 1972 y fue nombrado magistrado del Alto Tribunal en 1992. El segundo más antiguo es Adolfo Prego, que comenzó su carrera como juez en 1977 y en 1995 fue designado magistrado de la Sala Segunda del Supremo. El presidente de la Sala, Juan Saavedra, ingresó en la carrera judicial en 1973 y se incorporó al Supremo en 1999.

    Es decir, la mayoría de los magistrados de la Sala Segunda jugaba todavía al fútbol en pantalones cortos cuando ya Jiménez Villarejo (que hizo una labor encomiable en la Fiscalía Anticorrupción) se había incorporado a la carrera fiscal y había jurado cumplir las leyes franquistas.

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    Pero, más allá de los detalles que tienen que ver con la edad de los miembros de la Sala Segunda (no menores, ya que se van a cumplir 35 años de la muerte de Franco), lo más relevante es que las decisiones sobre los tres procesos que afectan a Garzón se han adoptado por unanimidad. ¿Es que acaso no hay ningún magistrado progresista o de izquierdas en el Supremo?

    Claro que los hay. El problema es que todos los magistrados saben que lo que está en juego ahora se encuentra por encima de su empatía política: lo que hay sobre la mesa es un brutal reto al Estado de Derecho.

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    Es la defensa de la división de poderes, la esencia de la democracia, lo que ha llevado a los magistrados de la Sala Segunda a estar unidos como una piña ante este ataque sin precedentes.

    Ataque, por supuesto, orquestado, en el que nada se deja a la improvisación. El Gobierno es el director de la orquesta (a pesar de que el presidente Zapatero trata de aparecer por encima de la melé) y ha movido sin pudor a los sindicatos, utilizándolos como peones de brega, en una estrategia que trata de dividir al país en buenos y malos; izquierda y derecha; trabajadores y empresarios. Una lucha de clases e ideológica rediviva.

    El altavoz de este ataque al poder judicial no puede ser más potente: el Grupo Prisa es su buque insignia. Su posicionamiento no sólo tiene que ver con la devolución del favor al juez de la Audiencia Nacional que puso a Gómez de Liaño a los pies de los caballos, propiciando su suspensión por prevaricación en el caso Sogecable. Además, con esta batalla trata de reagrupar a los lectores de izquierdas, demostrando que las segundas marcas no tienen relevancia en los momentos decisivos. Y, sobre todo, intenta demostrar a todos su capacidad para influir, para imponer, para dejar claro, una vez más, que El País puede seguir ganando los pulsos que se propone. Hecho que ahora tiene más relevancia que nunca, no sólo porque ya no es Polanco, sino Cebrián, quien pilota el portaaviones, sino porque, en la actual situación financiera del Grupo, esta guerra y su resultado pueden tener consecuencias contables para el futuro de sus medios.

    Ante este ruido infernal, que se ha transmitido convenientemente al exterior, como demuestra el editorial de The New York Times y la querella en Argentina, los jueces del Supremo han optado por la prudencia y por el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico, que es su auténtica arma de destrucción masiva.

    Más que los insultos o las soflamas que llaman a revisar nuestro pasado, incluida la Ley de Amnistía, los magistrados de la Sala Segunda estudian el caso Garzón como algo único en la historia judicial española. Que lo es, sin duda.

    Es la primera vez que un juez se va a sentar en el banquillo acusado de tres delitos de prevaricación, que llevan cada uno acarreado la separación de la carrera.

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    La Sala Segunda tendrá que resolver, es decir, establecer jurisprudencia, sobre una cuestión fundamental por varios motivos: ¿debe juzgar el Supremo a un juez si éste ha perdido la condición que le proporciona el aforamiento?

    Para ir al grano: si, por ejemplo, Garzón es condenado por el caso de los pagos del Banco Santander y, por tanto, es apartado de la Audiencia Nacional, ¿debe ser el Supremo el que le juzgue por el caso de las fosas del franquismo o por el asunto de las escuchas a los abogados de Gürtel?

    No hay precedentes. Y sí posiciones distintas que se tienen que debatir.

    Hay quienes opinan que no hay duda de que, al perder la condición de juez, debe ser otra instancia la que dicte sentencia sobre el resto de las causas.

    Ese planteamiento ha llevado a que, por ejemplo, el Gobierno haya ofrecido a Garzón un cargo no jurisdiccional para eludir la acción del Supremo. Oferta que, por cierto, Garzón ha rechazado. Pero hay quienes opinan que lo que determina el tribunal es la condición bajo la cual se ha cometido el delito. En este caso, la prevaricación se ha llevado a cabo desde un juzgado de la Audiencia Nacional y, por tanto, sea cual sea la situación del procesado en el momento de ser juzgado, debe ser el Supremo quien sentencie.

    En medio del barullo, del lío, de la bronca, hay dos datos que demuestran que los propios interesados quieren poner freno al desatino. El primero de ellos es la declaración del abogado de Garzón, el ex fiscal Enrique Molina, que ha desmontado la teoría de la conspiración del Supremo. El segundo, las palabras del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha criticado los excesos de Jiménez Villarejo.

    Es probable que el Gobierno se haya dado cuenta de su error al alimentar ese guerracivilismo insensato.

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    Pero también es probable que los intereses en juego hagan imposible ya parar la máquina que ha convertido a la Sala Segunda del Supremo en víctima de una conjura antidemocrática.

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